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jueves, 30 de diciembre de 2010

NACE ALIANZA PAÍS

El 12 de diciembre del 2010, en una concurrida asamblea compuesta por delegaciones de todas las localidades de República Dominicana, se dejó fundado el Partido que nació para dignificar la política en nuestro país. El partido que nació para darle continuidad a la obra de nuestro Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte y los demás Trinitarios. El partido con vocación de poder y de instaurar un Gobierno Honesto. Nació Alianza País.

En su discurso Guillermo Moreno, Presidente de Alianza País, expresó que "hay que jubilar y enviar al zafacón de la historia al liderazgo político tradicional dominicano". “Durante los últimos 44 años, en el país, se han sucedido 12 gobiernos de tres partidos, y el que menos, ha gobernado en tres oportunidades. El Estado dominicano ha estado dirigido en todos estos años por un liderazgo político y social que en su mayoría carece de autoridad moral, de compromiso social, de convicciones democráticas y de patriotismo.”

Dr. GUILLERMO MORENO, Presidente de Alianza País y asumido como CANDIDATO PRESIDENCIAL para las elecciones del 2012 en esta Asamblea Fundacional denominada JUAN PABLO DUARTE se expresó el siguiente discurso:

 Distinguidos invitados

Apreciados Aliancistas

Compatriotas, amigos todos/as:

Recuerdo aquella tarde de finales de diciembre, en que siendo un niño, la sala de mi casa, en la calle Colón No.55, en Santiago de los caballeros, se llenó de mujeres vestidas de negro y de hombres enmudecidos.

A mi y a mis hermanas, mis padres, nos llevaron a una habitación contigua, y entre el llanto desconsolado de hombres y mujeres, oíamos decir: “Asesinos, cómo pudieron matar a los muchachos”.

Después supe que los “muchachos” a que se referían eran Manolo y sus compañeros levantados en armas.

Los asesinos: los integrantes del triunvirato que había derrocado el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Los que lloraban: las madres y familiares de Francisco Bueno Zapata, asesinado un día como hoy 12 de diciembre, y de Napoleón Méndez (a quien creían muerto), quienes se dirigían a las Manaclas a identificar y recibir los cadáveres.

 
La escena que les acabo de narrar, me impactó tanto que no he podido olvidarla, a pesar de haber transcurrido 47 años.

De ese acontecimiento, aún hay en el país toda una generación presente, que para bien nuestro, desde entonces, y durante toda su vida nunca ha dejado de luchar. Hombres y mujeres que han honrado, con su vida ejemplar, la memoria de sus compañeros caídos, y ante quienes, las presentes generaciones tenemos una deuda imperecedera de gratitud por su sacrificio y persistencia en los altos propósitos de redención de la
patria.


Cuarenta y siete años después de aquel diciembre de 1963, en la República Dominicana siguen pendientes muchas de las causas que motivaron la inmolación de Manolo Tavárez Justo y sus compañeros, así como de las jornadas patrióticas de los años que siguieron.


Precisamente, a diez años de iniciado el nuevo milenio, la República Dominicana está sometida a graves y persistentes amenazas.

Es una muy grave amenaza el auge y expansión alcanzado por el narcotráfico. De un país de tránsito nos hemos convertido en un país con un alto consumo de drogas. Las cifras oficiales admiten la existencia de más de 19 mil puntos de microtráfico. Pero lo más grave es la protección con que cuentan los capos de la droga y del lavado, lo que explica la impunidad con la que realizan sus actividades criminales. Los casos
conocidos como Quirino, Hermanos Benítez, Matanza de Paya, la Torre Atiemar y Figueroa Agosto, han mostrado cómo el crimen organizado ha sido capaz de cooptar parte de las estructura de seguridad del Estado y ponerlo al servicio de su actividad criminal. El narcotráfico ha penetrado el sistema político, financia campañas y se agencia protección e impunidad.

Es una muy grave amenaza la generalización de la violencia e inseguridad ciudadanas.

La sociedad sabe que el Estado carece de una estrategia para enfrentar la delincuencia. Que la delincuencia tiene la iniciativa y que las autoridades apenas asumen un papel reactivo y con muy limitado éxito. Al mismo tiempo hay un creciente deterioro del Estado democrático de derecho, encontrándose la ciudadanía atrapada en el fuego cruzado de la delincuencia y la Policía Nacional. Recordemos la recién campaña
ciudadana, “policía no me mates, yo me paro.”
La Corrupción administrativa, que alcanza ya niveles de pandemia, constituye también una muy seria y grave amenaza para el país. La corrupción es un mal endémico de los gobiernos dominicanos. En la República Dominicana, el principal aliado que tiene el corrupto es la impunidad. Los corruptos saben que difícilmente serán denunciados, y si lo fueren, difícilmente serán investigados y si ésto último sucediera, están convencidos que nunca serían condenados. Y si no pregúntenle al director de algo que se denomina
Departamento de Persecución de la Corrupción, quien admite que en los últimos 10 años los expediente que maneja su despacho envuelven el robo de 104 mil millones de pesos, y que no ha habido sanción por la presión y padrinazgo políticos a favor de los corruptos .La corrupción ha alcanzado en el país un nuevo estadio de desarrollo. Ya no se trata de la apropiación aislada de un funcionario inescrupuloso. Estamos frente a un gobierno en que una parte de sus funcionarios se han convertido en grupo económico
corporativo y acumulan sus fortunas mal habidas, entre otras, haciendo negocios con las compras e inversiones de los ministerios de que son titulares.

Es una muy grave amenaza el actual caos migratorio que se produce en la República Dominicana. El estado dominicano no tiene un efectivo control de sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas. La frontera dominico- haitiana es altamente vulnerable al tráfico de drogas, de armas, de personas, de contrabando de mercancías. Ningún estado puede llamarse soberano si no es capaz de controlar y someter a sus reglas internas sus fronteras y la migración extranjera en el país. Lo peor de esta situación es que el Estado dominicano y sus autoridades lucen postradas y sin voluntad frente a los responsables y beneficiarios de esta situación.

Es también una muy grave amenaza el progresivo deterioro de la institucionalidad democrática. Del 2004 al 2010, se han celebrado 4 procesos eleccionarios, y en cada uno, el uso de los recursos del Estado para imponer candidatos o para financiar la reelección ha llegado a niveles descarados. La administración pública está dominada por el clientelismo, las botellas, las nominillas, a pesar de estar vigente desde hace varios años
una ley de función pública y estar consignada en la constitución la carrera administrativa. . La Cámara de cuentas, renunció a ejercer el control externo de la ejecución presupuestaria del gobierno, y su nivel de sumisión fue tan efectivo, que mereció la ratificación de su presidente y demás miembros por el Senado de la
República.

La sentencia sobre el caso Sun Land representó el punto de claudicación y subordinación de la Suprema Corte de Justicia a los intereses del poder ejecutivo.

En la República Dominicana el “hiperpresidencialismo” ha llegado a unos niveles que puede decirse que mas que un Presidente tenemos un monarca “electo”. El actual Presidente, además de nombrar a toda la administración pública y controlar mas del 80% del presupuesto nacional, ejerce el control del congreso, especialmente de un senado sin la presencia de la oposición, el cual es el que nombra la Cámara de Cuentas,
la JCE y el Defensor del Pueblo. El Presidente, además, preside y tiene el control del Consejo Nacional de la Magistratura que es quien nombra los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.

Además es quien nombra al Procurador General de la República y demás integrantes del Ministerio Público. Lo grave de esta situación es que todo este poder discrecional y de control concentrado en la persona del Presidente, está hoy al servicio de su proyecto de continuidad en el poder, aún a pesar de que la Constitución de la República de forma expresa prohíbe la reelección.

Es también una muy grave amenaza el irresponsable endeudamiento público. Tan sólo en los últimos 6 años, el endeudamiento público se ha más que duplicado. El Banco Central asume que la deuda pública ya está por encima de los 18,500 millones de dólares y todos los meses se aprueban nuevos préstamos. La mayoría de esos préstamos se concertan y se ejecutan sin la debida transparencia y posibilitando altos niveles de
corrupción. Este gobierno esta entrampado por el endeudamiento público. No sólo una parte de la deuda se ha usado para gastos corrientes y pago de subsidios, sino, lo que es peor: nos estamos endeudando para pagar deudas, entrando ya en un círculo vicioso.

Las generaciones presentes hemos sido hipotecadas de por vida, fruto de este irresponsable endeudamiento público. Para que tengamos una idea más precisa de lo que acabo de afirmar, en el presupuesto de 2010 lo consignado a la Educación, incluyendo el sistema de educación superior, es de 49,708.6 millones de pesos; mientras que el pago sólo de los intereses de la deuda es de 49,902 millones y el monto para la
amortización de la deuda será de 63,654 millones para un total de 113,556. Millones.

Es una seria amenaza también la quiebra progresiva que viene produciéndose en el aparato productivo nacional. El país se ha hecho parte de tratados regionales de integración económica como el DR-CAFTA con EUA y Centroamérica, o del EPA, con la Unión Europea, sin previamente hacer las inversiones y sin readecuar el aparato productivo, lo que ha traído como consecuencia, un proceso sostenido de destrucción,
especialmente de la agropecuaria y de la mediana y pequeña empresa. Cada vez producimos menos de lo que consumimos, convirtiéndonos en un país dependiente de importaciones. El país carece de una estrategia de desarrollo nacional lo que se agrava porque desde diferentes ministerios y desde el mismo palacio nacional se autorizan importaciones para que dos o tres funcionarios obtengan pingues beneficios, llevando
con ello a la quiebra a muchos productores nacionales y el consecuente desempleo, la migración a los barrios marginados de las principales ciudades y al exterior; aumento del empleo informal y deterioro de los precarios servicios públicos, aumento de la delincuencia, entre muchos otros.

La más grave amenaza que a su vez, en parte es la suma o consecuencia de todas las anteriores, son los altos niveles de inequidad social prevalecientes en nuestra sociedad.

Este mismo año en que las estadísticas del Banco central anuncian un crecimiento de la
economía de un 7.5%, el informe del Programa para el desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) revela que en la República Dominicana un 48% vive en la pobreza, un 5% en la pobreza extrema y un 24 % en lo que denominan pobreza “polidemensional” que no es otra cosa que decir que están en la ruta de caer en la pobreza extrema. ¡Qué modelo económico tan injusto!: La economía crece al tiempo que crece la pobreza. Lo que significa que la riqueza se concentra en muy pocas manos, profundizándose la desigualdad y la inequidad social.

Todas esas amenazas que hoy penden sobre la República Dominicana apuntan a la disolución de la cohesión social y nacional. Podemos decir que hay serios síntomas que indican que si no actuamos a tiempo la
República Dominicana se puede convertir en un Estado fallido.

Este estado de cosas no se da al azar sino que tiene responsables y beneficiarios.

Durante los últimos 44 años, en el país, se han sucedido 12 gobiernos de tres partidos y el que menos ha gobernado, lo ha hecho en tres oportunidades. El Estado dominicano ha estado dirigido en todos estos años por un liderazgo político que en su mayoría carece de autoridad moral, de compromiso social, de convicciones democráticas y de patriotismo.

Las instituciones del Estado están secuestradas por un sistema de partidos tradicionales que operan y se sustentan en base a la corrupción y el clientelismo, sin sujeción a ningún límite ético. Esos partidos aúpan que sus senadores y diputados reciban el barrilito, exoneraciones, acepten millones en bonos navideños; que sus dirigentes trafiquen y hagan negocios con las compras y contratas del Estado, figuren en nominillas, hipertrofien la administración pública con secretarios y subsecretarios de Estado sin funciones; que en muchas de sus campanas penetre el dinero del lavado y del narcotráfico.

Frente a esta situación hemos planteado levantar una “propuesta de país posible” como plataforma política para enfrentar el presente estado de cosas.

Se trata de establecer un “consenso de mínimos imprescindibles” en base a tres grandes compromisos que expresamente asumimos:

Nuestro primer compromiso es llevar al Estado Dominicano a la legalidad.

La República Dominicana, hoy por hoy, es un gran desorden. No hay autoridad. No hay instituciones creíbles. Ni los de arriba ni los da abajo respetan la ley. Predominan los privilegios y la impunidad.

Se hace necesario en el país, un gobierno que rescate la autoridad y el orden y que respete y haga respetar la ley. Un gobierno que devuelva la seguridad pública y ciudadana, previniendo la comisión del delito, al tiempo que se persigue con toda firmeza la delincuencia, la violencia y el narcotráfico, extirpando toda forma de connivencia y complicidad al interior de los organismos de seguridad del Estado.

Un gobierno que se comprometa con la moralización radical de la administración pública, que al mismo tiempo paute a toda la sociedad. Un gobierno que le ponga fin a la impunidad y al borrón y cuenta nueva.
Un gobierno que administre el patrimonio público con austeridad y absoluta transparencia.

Un gobierno que se comprometa en “destrujillizar” el Estado Dominicano y el ejercicio del poder, donde todavía se gasta mas dinero en transportar la silla presidencial, que lo que se invierte en la educación de un niño.

Igual es necesario un gobierno que, en el marco de la ley y del derecho internacional, aplique una firme política de contención frente al actual caos migratorio, estableciendo el control fronterizo y aplicando las leyes de migración y laboral.

Un gobierno que se comprometa con una administración pública de carrera, eficiente y honesta, sin botellas y sin nominillas. Nuestro segundo gran compromiso es ejecutar una estrategia de desarrollo centrada en
los seres humanos, estableciendo como prioridad el disfrute por las personas de sus derechos sociales fundamentales.

El goce de los derechos sociales fundamentales no puede depender del origen social, el sexo o el color de la piel.

Tenemos el imperativo de darle cumplimiento a lo dispuesto por la ley de invertir por lo menos el 4 % del PIB para la educación en la perspectiva de llevarlo al 8 % del PIB en los siguientes 10 años. La inversión en la educación es para acabar en los primeros dos años de gobierno con el analfabetismo; enfrentar la deserción escolar y el analfabetismo funcional; aumentar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo a los docentes y desarrollar con ellos programas de capacitación permanente; construir las aulas que faltan y reparar las que se encuentran destartaladas; equipar las escuelas públicas de laboratorios y materiales; universalizar la educación inicial y la educación media; instaurar la tanda única; convertir los liceos medios en liceos politécnicos; trasformar el sistema de educación superior promoviendo la investigación científica y tecnológica vinculada a los planes de desarrollo nacional y regional respecto de la producción, la
protección del medio ambiente, la educación, la salud, la energía, entre otros.

Hay que garantizar la salud y la seguridad social como un derecho fundamental de todos y todas. Implementar una estrategia de prevención de las enfermedades dándole prioridad a la atención primaria y al medico de familia. Disminuir a niveles tolerables la mortalidad materno infantil; y enfrentar con políticas y medidas el embarazo en adolescentes. Crear un sistema nacional de vigilancia epidemiológica permanente para prevenir enfermedades infecto contagiosas como el dengue, malaria, leptospirosis, la rabia, conjuntivitis, y ahora el cólera.

Así también, hay que garantizar a las personas otros derechos sociales fundamentales como: a la alimentación, a habitar en una vivienda digna; al acceso al agua potable; a un transporte seguro.

Nuestro tercer gran compromiso es con una política económica que impulse el desarrollo nacional en base a la producción y el trabajo.

La República Dominicana, después de sus seres humanos, su principal recurso es nuestra tierra, específicamente nuestro fondo agrícola y nuestras costas y playas.

Estamos obligados a impulsar, principalmente, la producción agropecuaria, la pequeña y mediana empresa, y desarrollar una oferta turística más integral y diversa.

El aumento de la capacidad productiva del país se tiene que traducir en un incremento sostenido de de las exportaciones y en capacidad de satisfacer nuestro mercado interno.

El impulso de la producción va pareja con una política de creación de empleo productivo y decente que garantice a todos la oportunidad de una vida en dignidad.

La política económica tiene que orientarse para que una parte significativa de la renta nacional se invierta en la producción; darle a los productores nacionales presencia propia en todos los órganos de decisión de la economía, especialmente en la Junta Monetaria; así mismo invertir en infraestructura, en tecnología y capacitación que estimulen la producción, la innovación y la comercialización interna y la exportación.

Hay que parar ya el irresponsable endeudamiento público, prohibiendo por ley que el Estado tome prestado para gastos corrientes, pagar subsidios o pagar deudas, entre otras.

Hay que auditar toda la deuda pública para transparentarla y establecer las debidas responsabilidades.

Enfrentar el serio problema eléctrico empieza con la revisión de todos los contratos suscritos por el Estado, acabando con el fraude eléctrico como vía de ponerle fin al subsidio y abaratar el costo de la energía.

Apreciados invitados y delegados a esta Asamblea Fundacional de Alianza País:

No es suficiente con tener claro estos “tres grandes compromisos” sino además, darle una respuesta política a la presente coyuntura para poder realizar el proceso de reformas y transformaciones necesarias.

Para ello es necesario ganar el gobierno pues sólo desde la dirección del Estado se pueden ejecutar las políticas públicas que produzcan el cambio de rumbo.

Nuestra decisión de construir Alianza País surge del convencimiento de que no hay salida a los problemas del país por vía de cúpulas de esos partidos tradicionales, beneficiarias y responsables del actual estado de cosas.

Nuestra decisión de construir Alianza País es porque es necesario refundar la política como actividad honesta, ciudadana y al servicio del bienestar colectivo.

Afirmamos que el Partido Mayoritario de la República Dominicana está integrado por los millones de dominicanos/as que aspiran y se identifican en la necesidad de un gobierno honesto y que se produzca un cambio de rumbo en el destino nacional.

Ahora la gran tarea esta en hacer converger a productores, sectores medios y sectores populares y a organizaciones sociales y políticas.

Si cada uno de nosotros, allí donde tiene mayor influencia y capacidad de acción, alienta la construcción de una nueva mayoría política bajo la consigna de que ¡SÍ SE PUEDE!, se acerca el momento en que podamos barrer con los responsables y beneficiarios del actual estado de cosas.

Hoy día, el eje para producir el cambio de rumbo no radica en un hombre o mujer particular, en ningún sector social o político aislado, sino en una ciudadanía cada vez más activa, que con su movilización ha ido pautando una República dominicana posible.

La sociedad se movilizó contra la sentencia favorable al poder ejecutivo evacuada por la Suprema Corte de Justicia, en el caso de la Sund Land, porque aspira a un poder judicial independiente y que no apañe la corrupción.

La ciudadanía se movilizó contra los indultos otorgados por el poder ejecutivo a favor de los transportistas del Plan RENOVE y los banqueros, porque la sociedad no quiere más impunidad.

La sociedad se movilizó por los Haitises y contra la Barrick Gold porque demanda la protección del medio ambiente.

La ciudadanía se movilizó por que la reforma constitucional se hiciera por una asamblea constituyente porque aspira a una democracia más participativa.

La ciudadanía se movilizó por los derechos de la mujer, y contra la privatización de las playas, en el nuevo texto constitucional, porque aspira a una República de mayor igualdad y sin privilegios.

La sociedad se moviliza como nunca antes por el 4% del PIB para la educación, porque tiene conciencia que su prioridad no es el metro, sino que es la educación la que nos pone a un metro del progreso.

Ese liderazgo político tradicional hay que jubilarlo y enviarlo ya al zafacón de la historia pues no está en capacidad de asumir los retos que demanda esta nueva ciudadanía dominicana que ha echado a andar.

Distinguidos invitados/as; apreciados aliancistas:

Hoy celebramos esta asamblea fundacional de Alianza País y no es casual que lleve por nombre Juan Pablo Duarte.

Juan Pablo Duarte es el padre fundador de nuestra nacionalidad y de nuestra república y en su vida ejemplar y en su compromiso patriótico encontramos los valores y los principios que deben normar nuestra conducta ciudadana y política.

La República Dominicana fundada el 27 de febrero de 1844 por Duarte y los Trinitarios, la República Duartiana, quedó trunca por el asalto traidor de Pedro Santana, estando aun pendiente su refundación.

Los aliancistas asumimos el legado patriótico de Juan Pablo Duarte y de los Trinitarios, y de todos los que, a lo largo de nuestra historia, han dado lo mejor de sí por la libertad, la democracia, la justicia social y la soberanía nacional.

Los aliancistas estamos obligados a actuar como lo hizo Duarte y su generación política, como lo hizo Luperón y su generación política, y como la han hecho todas las generaciones políticas que han colmado la historia del país con su heroísmo, determinación y capacidad de acción Hoy al encontrarnos en esta Asamblea Fundacional, los aliancistas arribamos a un punto sin retorno: Queda sellado como juramento de honor nuestro compromiso de refundar la República Duartiana, que por definición es justa, democrática, participativa y soberana.

Desde hoy nos esforzaremos más en hacer de Alianza País una organización política democrática, sujeta a valores y principios éticos y siempre, siempre al servicio del bienestar del pueblo dominicano.

Desde hoy trabajaremos con más ahínco en lograr que un liderazgo político honesto con compromiso social, convicciones democráticas y patriotismo, asuma la dirección del Estado dominicano.

Desde hoy nos sacrificaremos más para que en la República Dominicana se produzca un cambio de rumbo y nos demos la oportunidad de un nuevo comienzo de democracia, soberanía y justicia social.

¡Aliancistas! ¡Aliancistas! El cambio de rumbo es necesario, es posible y debe ser ahora.

Viva Alianza País.

Viva la República dominicana.

Muchas Gracias.

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