Tanto el Vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, como el Secretario de la Presidencia, César Pina Toribio, recibieron denuncias de las irregularidades y no actuaron para impedir que el fraude continuara.
Además de las protestas públicas de los maestros, en el sentido de que había planes para destruir el SEMMA, se crearon organizaciones específicamente para defender la transparencia en el manejo de los fondos destinados por el magisterio para el seguro de salud.
El 3 de noviembre del 2009, el llamado Comité de Maestros Pro-Rescate de la ARS SEMMA envió sendas cartas al vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, y al secretario de Estado de la Presidencia, César Pina Toribio, denunciando las irregularidades que habían detectado en la entidad al servicio de la salud de los maestros
Grupos de presión, que se regían por criterios políticos, pugnaban a lo interno del SEMMA entre 2008 y 2009, para que esa aseguradora hiciera las compras y contrataciones a "proveedores únicos y preferidos", una actividad que les rentaban intereses a individuos y grupos de empleados.
El velo que cubría el desfalco comenzó a caer luego del informe final que entregaron, en 2009, Alberto Fiallo, como asesor médico del Poder Ejecutivo y la maestra María Teresa Cabrera, como representante de la Asociación Dominicana de Profesores. Ambos integraban una comisión designada por la junta de directores del Seguro Médico para Maestros (SEMMA).
"La desconcentración de las requisiciones de compras podría ser plausible. Ahora bien, independientemente de lo decidido, debe existir una coordinación intensa y participativa (comités de requisiciones y de compras con la participación de proveedores y la ADP) para evitar la pérdida de confianza o las ineficiencias del comprador único que se rige por criterios políticos, grupales o personales y del que más rentas pueden extraer los grupos de presión presentes (dado que centraliza todo el presupuesto)", sugieren los comisionados
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