Desde el Regidor hasta el Síndico; desde el Ministro y el
Congresista hasta el Presidente de la República, todos se manejan como si el
Estado fuera su propiedad particular, de ellos y sus partidos. Por eso actúan
como pichones de dictadores, intocables capaces de hacer y deshacer con los
recursos del pueblo.
La Procuraduría General de la República recibió un documento con
la firma de más de doce mil personas,
reclamando la aplicación de las leyes antitrujillistas. Los trujillistas siempre
han bajado estado en el poder y ahora están enquistados en todo el aparato
estatal.
Nuestro país ha padecido de regímenes dictatoriales desde el
gobierno de Pedro Santana, en 1844, con pocas excepciones y por episodios
efímeros de la historia.
Las posiciones críticas son las que con mayor fuerza empujan
los cambios. Los gobiernos dominicanos deberían dirigir políticas que promuevan
la criticidad, ya que mejoraría calidad de su gestión. Si todos nos hacemos de
la vista gorda, si todo se vale, al final seguiremos fracasando.
Pues aquí se promueve la censura. Se ocultan las
informaciones, se persigue y asedia a los que protestan, se la ponen difícil a
los que asumen una postura crítica. Se monopoliza la información con dádivas,
botellas y nombramientos y hasta con la publicidad. No se conforman con los
medios de difusión que poseen, sino que presionan y manipulan a los que tratan
de ser pluralistas.
El trujillismo no es solo la silla eléctrica, la 40, el SIM o
la prohibición de los partidos políticos. Ser trujillista es odiar a los que
tienen ideas distintas, es violentar las leyes. Es ser intolerantes, es creer
que el puesto público es propiedad particular, es oponerse violentamente a los
cambios, es cerrarle el paso a la juventud y a las nuevas ideas.
En República Dominicana hay sectores que conspiran
permanentemente contra los avances democráticos y están al acecho para, en
cualquier momento, regresarnos al nefasto pasado.
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