El año que termina estuvo matizado por "violación constitucional, retroceso electoral, clientelismo, delincuencia y narcotráfico", según el balance presentado por Participación Ciudadana.
El mismo indica que las elecciones congresuales y municipales constituyeron un "retroceso" desde la elección y registro de candidatos hasta la jornada de votación y el escrutinio.
Señala que las mayorías de las candidaturas de los partidos fueron señaladas por las cúpulas dirigenciales en detrimento de los convenciones de delegados y la votación de los militantes en elecciones primarias originó decenas de impugnaciones muchas de las cuales tuvieron que ser dirimidas por la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE).
En relación a la campaña electoral expresa que registró un "desmesurado derroche de dinero en aras del clientelismo político que no respetó ni la jornada misma de votación, abuso generalizado de los recursos del Estado, abierta compra de votos y transfuguismo, todo lo cual fue reiteradas veces denunciado en los informes de la observación electoral que realizó PC".
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